¡A todas y todos los que en Panamá vivimos!

$100 millones, según anunció la presidencia, es la suma aprobada para socorrer a las víctimas del terremoto. Esa cifra, por la magnitud y extensión de los daños, que aún no se han cuantificado en su totalidad, será insuficiente y tendrá que ser aumentada considerablemente.

¿De dónde provendrán esos 100 millones iniciales y los otros adicionales que serán necesarios? En principio, estaban supuestos a provenir del Fondo de Ahorro de Panamá, el FAP, que, de acuerdo con la Ley 38 de 2012, mediante la cual fue creado, sus recursos se utilizarán para dos fines específicos: “Resolver los desfases en las finanzas públicas y proveer recursos líquidos para atender situaciones de emergencia nacional.”

Por elemental sentido común, entre esas dos finalidades, la reparación de los daños causados por el terremoto, cualquier otro desastre natural o los derivados de la pandemia, debe tener absoluta prioridad y, ante ellas, la otra debe pasar a un segundo plano. Su reversión, que parece ser el criterio compartido por los manejadores del FAP, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia; y sería una auténtica aberración.

En el Presupuesto General del Estado, vigente, por haber sido aprobado el año pasado, desde luego, no existe ninguna previsión de los gastos que habrá que hacer para reparar las consecuencias del terremoto; pero allí sí están previstas muchas partidas que, por las razones humanas que deben imperar sobre otras de menor o ninguna importancia, deben ser reorientadas o ser objeto de los traslados que ya son práctica más que reiterada en nuestra Asamblea.

Concretamente, se puede comenzar por reducir o eliminar los subsidios electorales y suspenderlos durante el año 2027. Podría seguirse con la cancelación de todas las compras de vehículos oficiales y otros gastos como la compra de “aviones de combate”, la construcción de “la villa diplomática”, “la reconstrucción de la piscina de Albrook” o la posposición para el año 2028 de los aumentos de todos los funcionarios que devenguen salarios superiores a los 2,000 balboas o que, en sustitución de esta medida, se los exhorte a donar uno o dos días de sus salarios.

Y que en las empresas privadas se proponga algo similar a esa última medida, sería una buena muestra de la solidaridad humana que, como sociedad, lamentablemente, cada día, practicamos menos.