Nicaragüenses beneficiados con TPS están en corredera

La decisión de Estados Unidos de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a 4.000 nicaragüenses es una “noticia dura” para quienes estaban cobijados por esa medida y los obligará a buscar opciones legales para permanecer en ese país, valoraron ayer martes expertos nicaragüenses.

La decisión es “una noticia dura para quienes tienen ese estatus”, dijo el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación.

En declaraciones al diario La Prensa, Rocha explicó que tras conocer esa decisión interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Hemos decidido presentar la demanda en el tribunal federal para intentar revertir o al menos poner en pausa administrativa la notificación”, indicó el letrado.

El abogado argumentó que los fundamentos principales de la demanda fueron que la decisión de cancelar el TPS para Nicaragua, al igual que para Haití y Nepal, “no siguió normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos y es parte de una serie de decisiones que contravienen protecciones constitucionales”.

La fecha oficial de terminación del TPS para los nicaragüenses será el 8 de septiembre de 2025, según el DHS.

Durante 60 días, a partir de ayer, los beneficiarios deben explorar opciones migratorias, como el ajuste de estatus a través de familiares residentes o ciudadanos, solicitudes de asilo, permisos laborales u otros programas que puedan aplicar según su situación particular, explicó la abogada de inmigración Cindy Blandón.

El excanciller nicaragüense Francisco Xavier Aguirre Sacasa coincidió en que la decisión del DHS motivará a los beneficiados con TPS a acercarse “a las autoridades migratorias de EE.UU”.