¿Cuáles son las soluciones para frenar el cambio climático sin despojar a las comunidades?

En medio de una nueva Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), la cual se está celebrando en Antalya, Turquía, hasta el próximo 20 de noviembre, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) levanta su voz por el bienestar de los bosques y comunidades de la región.

La AMPB hace un llamado a los gobiernos, la cooperación y los organismos multilaterales a asumir compromisos concretos para garantizar los derechos territoriales y proteger la vida de quienes defienden los bosques, océanos y manglares. Asimismo, reconocer las economías indígenas y comunitarias y que el financiamiento llegue directamente a las organizaciones que gestionan y protegen los territorios.

Levi Sucre Romero, director general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (Costa Rica), afirma que:

“En más de 15 años de trayectoria en el manejo forestal comunitario y de derechos territoriales para impactar la agenda global contra el cambio climático, contamos con propuestas claras y probadas para impulsar la inversión directa territorial, detener la criminalización, visibilizar el conocimiento tradicional, las economías indígenas y comunitarias y la participación de las mujeres en la gobernanza. Nuestras estrategias fomentan el trabajo inclusivo entre pueblos indígenas y comunidades locales bajo un mismo propósito: conservar la naturaleza y la convivencia de la gente con los bosques“.

No hay soluciones climáticas eficientes sin derechos ni protección para quienes defienden los territorios. De acuerdo con el último informe de Global Witness, 149 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en Latinoamérica durante 2025. De 2012 a 2025, 597 defensores fueron asesinados en la región, con los siguientes datos por país: México, 230; Honduras, 167; Guatemala, 114; Nicaragua, 77; Panamá, 5 y Costa Rica, 4.

Esta realidad exige que los compromisos climáticos incluyan garantías efectivas de protección individual y colectiva, reconocimiento de los derechos territoriales y condiciones para que las organizaciones puedan continuar su labor sin poner en riesgo sus vidas. Aunque Mesoamérica tiene una extensión territorial menor que la Amazonía, su posición geográfica y ecológica es estratégica para la conectividad de los ecosistemas y el equilibrio ambiental de Latinoamérica.

Reconocimiento de las economías indígenas y comunitarias

Las economías indígenas y comunitarias, entendidas como un sistema económico vivo que los pueblos indígenas y las comunidades locales han construido y consolidado durante generaciones a partir de sus conocimientos, formas de organización, culturas y relaciones con sus territorios, son determinantes para reducir el impacto de la huella de carbono. Algunos ejemplos de estas son:

- Manejo sostenible del bosque: El modelo pionero de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y la Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque S.A. (FORESCOM) en Guatemala demuestra cómo las concesiones comunitarias generan millones de dólares en valor forestal y empleos locales mediante el aprovechamiento ordenado y la conservación de selvas tropicales.

- Soberanía alimentaria y resiliencia: Iniciativas como el tradicional Sistema Milpa Totonaca de la red Limaxtum en Veracruz (México) articulan la producción agroforestal de pimienta gorda con la identidad comunitaria; el intercambio y conservación de semillas tradicionales por la Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA) en Costa Rica; y la agroecología para la adaptación al cambio climático liderada por la red Utz Che’ en Guatemala.

Acceso a financiamiento directo

No basta con reconocer los aportes climáticos, sino que se requieren recursos para sostener las iniciativas y decidir sobre las prioridades que impactan a los territorios que albergan los ecosistemas clave en la región. Los datos del Forest Tenure Funders Group (FTFG) muestran que, en 2025, apenas el 7,2% de los fondos movilizados llegó directamente a organizaciones de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Esto evidencia que la mayor parte de los recursos continúa canalizándose a través de intermediarios, en lugar de llegar directamente a quienes protegen y gestionan los territorios.

Por esta razón, nació el Fondo Territorial Mesoamericano (FTM) como un mecanismo financiero propio para evitar intermediarios y fortalecer su capacidad de decisión sobre las inversiones en sus territorios. Desde su creación, el FTM ha movilizado USD 2,205,000 y, durante 2025, ejecutó USD 314,550, de los cuales el 90% (USD 282,500) se destinó directamente a inversión territorial.

Su trabajo ha contribuido a beneficiar directamente a 56,405 personas e indirectamente a 191,806, de las cuales el 58% son mujeres, y a fortalecer la gestión comunitaria de más de 4,38 millones de hectáreas de bosque. Además, avanza en el fortalecimiento de líneas de financiamiento para mujeres y jóvenes, y en la ampliación de alianzas con la cooperación internacional.

Sara Omi Casama, fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE-Emberá), asegura que:

“Llegamos a la COP31 para visibilizar y fortalecer nuestras iniciativas, dispuestos a compartir la riqueza de Mesoamérica en gestión comunitaria de bosques y buen vivir. Exigimos que la cooperación y las políticas climáticas dejen de ignorar lo que resguardamos: nuestro patrimonio cultural, la biodiversidad y arrecifes clave para el equilibrio del planeta. Proteger estos territorios requiere financiamiento directo y garantías reales para nuestras comunidades”.

La región mesoamericana brinda al mundo propuestas territoriales que contribuyen a las decisiones climáticas desde una visión integral. Como la milpa, un sistema agrícola tradicional mesoamericano basado en el policultivo, que prueba que ningún elemento puede prosperar de forma aislada, sino a través de la coexistencia con otros. A nivel comunitario, como en las salas de reunión de esta Cumbre, la armonía, la ayuda mutua y la diversidad son la base fundamental para la vida.