Dos altas funcionarias y miembros del círculo cero presidencial terminan ante la justicia
- 16/09/2026 15:10
Una fue condenada por títulos falsos para aspirar a cargos en el Gobierno y la otra fue imputada por la Fiscalía, no aceptó los cargos
Dos jóvenes funcionarias que tuvieron cercanía con el expresidente colombiano Gustavo Petro enfrentan ahora situaciones judiciales por hechos diferentes que ocurrieron durante su paso por el Gobierno.
La más reciente en comparecer ante la justicia fue Laura Sarabia, quien ocupó cargos de alta responsabilidad durante la administración Petro, entre ellos jefa de Gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y canciller.
El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía General de Colombia le imputó tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de su hijo.
El caso se originó después de la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia en 2023. Meza fue sometida posteriormente a un interrogatorio con polígrafo en instalaciones relacionadas con la Presidencia, situación que quedó bajo investigación de la Fiscalía.
Sarabia no aceptó los cargos y su defensa sostiene su posición dentro del proceso. La Fiscalía, por su parte, busca establecer si la entonces funcionaria utilizó indebidamente su posición para que Meza fuera sometida al procedimiento.
El caso de Juliana Guerrero
Mientras Sarabia enfrenta el proceso, Juliana Guerrero tomó una decisión diferente.
Guerrero, quien fue candidata al cargo de viceministra de las Juventudes y recibió respaldo público de Petro durante su Gobierno, admitió haber presentado títulos universitarios falsos para aspirar a cargos públicos.
La Fiscalía y Guerrero llegaron a un acuerdo por el delito de fraude procesal. Según lo expuesto durante la audiencia, la conducta se relacionó con la presentación de documentos en la plataforma oficial Sigep II para acreditar una formación académica que no correspondía con la realidad.
De acuerdo con la información divulgada durante la audiencia, la pena máxima que enfrentaría por el delito reconocido sería de tres años de prisión, además de multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período determinado.
Así, dos mujeres que tuvieron posiciones de influencia durante el Gobierno Petro llegaron a septiembre de 2026 en situaciones judiciales diferentes: Guerrero aceptó su responsabilidad y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, mientras Sarabia enfrenta una imputación que no aceptó.