Panamá ante una decisión clave: lecciones del caso PPC y el futuro portuario

Panamá tiene hoy una gran oportunidad: ordenar su sector logístico para que no se repitan los errores del pasado y fortalecer uno de los pilares más importantes de la economía nacional. Así lo plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno al contrato de Panama Ports Company (PPC), decisión que —según el gremio— llama a hacer las cosas mejor, con reglas claras, transparencia y visión de largo plazo.

La logística representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto, genera miles de empleos directos e indirectos y posiciona a Panamá como un hub estratégico en el comercio mundial. El país mueve alrededor de 10 millones de TEUs al año y es un centro de conexión clave entre continentes. Cada decisión en este ámbito impacta la confianza de los inversionistas, la estabilidad jurídica y la competitividad nacional.

Hace tres décadas, cuando se concesionaron los puertos de Balboa y Cristóbal, el contexto era distinto. Panamá se preparaba para la reversión del Canal y requería inversión urgente para modernizar infraestructuras deterioradas. Hoy el escenario ha cambiado: el país es una plataforma logística consolidada, pero enfrenta mayor competencia regional y el reto de elevar sus estándares.

Los cambios contractuales posteriores que generaron cuestionamientos y terminaron en los tribunales, señala APEDE, dejan una lección clara: la seguridad jurídica no se negocia y las reglas deben ser sólidas desde el inicio. La estabilidad de un país, sostiene el gremio, se construye sobre el respeto a la ley y la correcta estructuración de los contratos, evitando interpretaciones que debiliten la institucionalidad.

En ese sentido, destacan que las nuevas concesiones que se licitarán para los puertos de Balboa y Cristóbal se estructuran bajo parámetros y requisitos de última generación. Esta experiencia, agregan, debe servir para impulsar un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país, garantizando estándares más altos, procesos de licitación abiertos y transparentes, criterios técnicos definidos y mecanismos de fiscalización que aseguren inversión, empleo y beneficios reales.

Desde APEDE, presidida por Giulia De Sanctis, se asume el proceso con una postura constructiva, vigilante y propositiva. El mensaje es claro: Panamá respeta los contratos, pero también exige que se respeten. La logística seguirá siendo motor de crecimiento y generación de empleo, pero debe construirse sobre bases sólidas, ya que las decisiones que se tomen hoy marcarán la competitividad de las próximas décadas.