Panamá

Tribunal condena a tres hermanos por maltrato y amenazas de muerte a sus padres

Tribunal condena a tres hermanos por maltrato y amenazas de muerte a sus padres

Señora Bonifacia Ovalle fue víctima de maltrato.

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miércoles 28 de octubre de 2020 - 3:10 p.m.
Pablo Castillo Miranda
pablo.castillo@elsiglo.com.pa

Tras el largo proceso por violencia y maltrato contra los ancianos un tribunal dictó la sentencia. La defensa pide la anulación del proceso

Los octogenarios abuelos, Bonifacia Ovalle, de 87 y José Ángel Muñoz, de 89 años, residentes de la comunidad de Chiguirí Arriba de Penonomé enfermaron en el año 2005 y quedaron en precarias condiciones económicas, entonces solicitaron ayuda a sus hijos pero estos se negaron, los abuelos acudieron a la corregiduría de Arariján donde vivía la mayoría de sus hijos pero la autoridad local de entonces no hizo nada para resolver el problema, según María Muñoz, una de sus hijas quien ha estado desde entonces al cuidado de ambos.

María nos cuenta que a mediados de 2005 su padre estuvo un año hospitalizado por una dolencia relacionada a la diabetes, perdió su vista y el sentido de la audición y a la vez una de sus piernas estaba seriamente afectada. El destino le presentaba duras pruebas a la familia ya que su madre fue diagnosticada en ese momento con un cáncer en la tiroides, recuerda la angustiada hija de los esposos Muñoz Ovalle.

Fue entonces -continúa diciendo María-, que dos trabajadoras sociales del hospital Santo Tomás y de la Caja de Seguro Social respectivamente, le recomendaron pedir ayuda a sus hermanos los otros ocho hijos de José y Bonifacia, debido a que ella sola no podía hacer frente a la deuda adquirida en los tratamientos del hospital de los pobres y el resto de gastos en el hogar.

Bonifacia Ovalle, aún enferma de cáncer, acudió al juzgado Segundo de Familia en Arraiján, lugar donde estaban radicados momentáneamente por los tratamientos médicos, para solicitar una pensión alimenticia a todos sus hijos ya que ambos, [Bonifacia y José] estaban incapacitados para trabajar. El caso quedó en la corregiduría del distrito de Arraiján Cabecera donde ni el alcalde de la época ni el corregidor hicieron nada.

“Los ocho hermanos se unieron y solicitaron de forma unánime que el caso fuera trasladado a Penonomé cuya jurisdicción es el lugar de residencia de ambos (José y Bonifacia), el expediente por pensión alimenticia para los abuelos fue remitido a una corregiduría de Chiguirí Arriba, cuyo corregidor era Pedro Hernández, quien en aquel entonces anuló la pequeña ayuda que algunos hermanos les daban”, reveló María.

En una reunión, -continúa María- convencieron, [sus hermanos] al juez de Paz de aquella localidad de Coclé y el funcionario eliminó la poca pensión alimenticia que habían logrado para los ancianos y enfermos padres.

Maldad

María y también su hermana menor fueron agredidas por los hermanos que se niegan a dar la pensión a sus padres, según los denunciantes,a los hijos que estábamos de acuerdo con ayudar a nuestros padres nos atacaban, a mi hermana más chica la golpearon y le robaron sus cosas en Arraiján y por eso estuvieron detenidos mis hermanos de padre y madre, ocho de los once que estamos vivos, asegura María conteniendo lágrimas de tristeza”.

Según relata la hija afectada por la situación familiar, ella recomendó a su padre José desistir de la pensión y conformarse con lo poco que ella, su hermana menor y su hija podían ayudarles a ambos para comprar los medicamentos de por vida y caros que deben usar.

“Ahí fue que decidí vender la ‘casita’ que tenía en Chiguirí Arriba, para hacer una vivienda en un terreno de mi papá en San Miguelito de Penonomé, porque mis dos hijos crecieron y me dediqué a cuidarlos a ellos [mis padres] en su casa, fue así que mi papá me dijo que titulara la propiedad a mi nombre, pero cuando ellos vieron el mejoramiento de la casa y del trámite de la titulación le pusieron una demanda a nuestros padres en el Juzgado Segundo de Penonomé donde les dieron una resolución a favor de ellos: apelamos y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia luego de unos siete años. Lo que ellos no sabían es que cinco años antes ya teníamos los documentos de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y al darse cuenta comenzaron a maltratar a mi papá”, repuso María.

Los abuelos decidieron desistir de dicha ayuda porque fueron beneficiados con el programa Ángel Guardían (100/65).

Fuentes consultadas por El Siglo en Penonomé revelaron que algunos hermanos del citado conflicto eran amigos de las principales autoridades de la provincia en la pasada administración del expresidente Juan Carlos Varela, esta información la confirmó María alegando además que “la intención de ellos es desalojar a los ancianos de la propiedad construida con esfuerzo por nosotros”.

María Muñoz Ovalle, denunció en la redacción de El Siglo que sus padres son objeto de amenazas de muerte por parte de ocho de sus propios hijos, “sobre todo los varones y una que vive en Colón, porque saben que no pudieron obtener la propiedad de forma fraudulenta y su iracunda acción contra ellos [los papás de todos] se desata cuando conocieron de la condena de un tribunal en la provincia de Coclé por el delito de maltrato”, sustentó la denunciante.

Les cortaron el agua

Finalmente, a pesar de que los ancianos cuentan con los requerimientos para obtener el agua de un acueducto rural creado a inicios del año dos mil, según María, sus hermanos en complicidad de un presunto vecino de nombre Antolino Rodríguez que vive en la entrada antes de la casa de sus padres se ha prestado para hacerles daño.

Los afectados ancianos además de sufrir insultos, palabras soeces, malos tratos y amenazas de muerte de ocho hijos, de acuerdo con la versión de otro familiar cercano, ellos no tienen acceso al agua proveniente del acueducto comunal porque la directiva está conformada por tres familias, amigos de sus hermanos, quienes no les han dado permiso para que ellos puedan instalar el vital líquido.

La situación ha resultado en que los adultos mayores y enfermos tengan que abastecerse de un pozo insalubre ubicado cerca a su casa a pesar de que se lo han pedido al presidente de la directiva comunal.

“Hemos agotado todas las solicitudes ante el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Penonomé y la gobernación, pero ninguna autoridad nos ha ayudado a conectarnos para usar agua del acueducto.

José Ángel y Bonifacia fueron víctimas de hurto de alambres y destrucción de la cerca perimetral de su casa probablemente a manos de sus hijos, sin embargo, un morador del lugar le advirtió (a María y a su hija) “que tuvieran mucho cuidado ya que ellos [sus hijos] le podían hacer un daño, pues una persona escuchó que uno de sus hijos dijo que iba a matar a José [su padre] y se bebería su sangre”.

La denuncia interpuesta por Bonifacia y José Ángel contra sus hijos por maltrato y amenazas de muerte, luego de una larga espera este lunes 26 de octubre rindió sus frutos de justicia, pues en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia donde un juez de Garantías condenó a Efraín y Eleuterio Muñoz y a Feliciana Alabarca a 60 meses de prisión. En otro proceso se investiga por similares delitos a Ramiro Rodríguez y a Eleuterio y Rosendo Muñoz, hijos de la anciana pareja, confirmó una fuente autorizada.

Reacción

Finalmente, Feliciana Alabarca contestó a El Siglo vía telefónica que “a nosotros nos denunció una hermana menor que utiliza a mi madre, por maltrato familiar y daños verbal y sicológico, ya que tenemos veinte años que no hemos podido acercarnos a nuestros padres ni con la ayuda del Ministerio de la Familia, la gobernación y otras instituciones. En el año 2000 se nos puso a cinco hermanos una pensión por descuento directo en Arraiján pero pedimos que eso se llevara al corregimiento de Chiguirí Arriba donde mis padres han vivido toda la vida, pero mi hermana [María Muñoz] hizo que mi papá y mi mamá firmara una nota donde decía que ellos no podían asistir, entonces el corregidor anuló el caso”, sostuvo la contraparte.

“Es completamente falso que hemos amenazado a nuestros padres, consideramos que es una condena totalmente injusta condenarnos a sesenta meses por algo que no hemos hecho, a pesar de que nos dieron la opción de trabajo comunitario, pero nosotros no podemos aceptar eso, es aceptar que cometimos el delito, por eso nuestros abogados están elaborando un documento de anulación”, refirió la señora Alabarca.

En tanto, el jurista Héctor Tejada, abogado de la señora Alabarca, indicó que “a ellos se les condenó por el delito contra el orden jurídico y familiar en la modalidad de violencia doméstica, pero tenemos hasta las cinco de la tarde de hoy para presentar un recurso de anulación y ya vamos camino al despacho judicial a presentarlo”, sentenció el letrado.

De acuerdo con Tejada estos hechos se remontan a unos veinte años por la disputa de un terreno donde se encuentra ubicado el cementerio y que fue ganado en tres instancias por los hermanos a quienes representa legalmente en el proceso penal.

No obstante, hay un proceso civil que deberá resolverse de igual forma en los tribunales por la propiedad en mención.

 

 


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