Panamá

Tecnología para la prevención y el ahorro

Tecnología para la prevención y el ahorro
Archivo/ El Siglo

Del total de internos en las cárceles del país, un 50% está en espera de audiencia preliminar.

jueves 28 de noviembre de 2019 - 12:00 a.m.
Haydée Méndez Illueca
periodistas@laestrella.com.pa

Actualmente, hay un aproximado de 16,922 privados de libertad

Desde 2013, la Opinión Técnica Consultiva No. 002/2013 de UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito) dirigida al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Gobierno de Panamá, recomendaba que se incorporara el uso del brazalete de monitoreo electrónico dentro de su marco legal, no sólo para prevenir femicidios, sino también obedeciendo a propósitos humanitarios, como son la protección de los derechos humanos de los privados de libertad, que viven en condiciones muy precarias, sin clasificación por gravedad del delito y peligrosidad. Se indica, también, la conveniencia de los dispositivos electrónicos y otras aplicaciones para los detenidos que sufran una enfermedad grave, que no pueda ser tratada adecuadamente en los centros penitenciarios; para las personas que padezcan discapacidades graves incompatibles con la vida en la cárcel; para mujeres embarazadas o madres de niños menores de un año de edad; como medida alternativa para la prisión preventiva, tomando en cuenta la gravedad del delito; o para reforzar el arresto domiciliario, permisos de trabajo y de estudio, dando prioridad a la población con necesidades especiales.

Según información suministrada por el Tribunal Electoral a la Defensoría del Pueblo, actualmente existen un aproximado de 16,922 privados de libertad. De este total, un 50% está en espera de audiencia preliminar o juicio. Cada privado de libertad le representa al Estado un costo aproximado de B/.55 diarios en concepto de seguridad, alimentación, atención médica y otros. Además de dar cumplimiento a la normativa vigente, la implementación de estas medidas, según las recomendaciones de UNODC y en cumplimiento con los tratados internacionales de los cuales Panamá es signataria, le representaría a nuestro sistema penitenciario, sistema judicial y a la sociedad en general, un ahorro de entre 40 y 90 millones de balboas anuales, dependiendo de la cantidad de privados y privadas de libertad que se beneficien con ellas. Este es sólo su impacto en términos económicos. Además, sería un avance en la garantía de los derechos humanos de víctimas y reclusos, así como una forma de prevenir femicidios. Ni hablar de años de vida saludable y tiempo productivo para los privados de libertad (muchos de los cuales son inocentes) y sus familias. El beneficio es incalculable.

Según el Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo, del 2014 al 2018 se han registrado 172 femicidios, 111 consumados y 61 en grado de tentativa. Estos casos, que van en aumento, exigen con urgencia la implementación de un sistema de soluciones tecnológicas para prevenir femicidios, delitos sexuales y de violencia contra las mujeres, así como para ofrecer a las personas en espera de juicio la posibilidad de que se les impongan una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, con el uso de un dispositivo electrónico de geolocalización.

Según datos proporcionados por el MP, durante el periodo 2015 - 2018, se registraron 22,281 casos de delitos sexuales, sobre todo 9,411 violaciones (42%); seis mil 214 denuncias de acoso sexual con personas mayores de 14 años y menores de 18 (29%) y dos mil 431 casos de pornografía infantil (11%).

El uso del brazalete de monitoreo electrónico lo estableció la Ley 82 de 2013 con una modificación del artículo 333 del Código Procesal Penal, para ampliar las posibilidades de aplicación. Sin embargo, la normativa no se ha cumplido a cabalidad hasta ahora, que el gobierno ha dado pasos para su implementación y se comienzan a tomar medidas para cumplir la ley y las recomendaciones de la UNODC, que esperamos lleguen a feliz término.

El principal problema consiste en definir qué autoridades participarán en el proceso de colocación, monitoreo, supervisión, mantenimiento y asistencia a los usuarios de los dispositivos electrónicos. Decidir cuál será la ‘autoridad competente' es un paso importante para el desarrollo del programa.

Le corresponde al Ministerio de Gobierno supervisar el proyecto como ente responsable, ya que el sistema penitenciario se encuentra bajo su jurisdicción, mientras que el Mides realizaría programas de charla en el manejo de ira para ofensores y establecer un ‘Call Center'. El Ministerio Público y el Órgano Judicial implementarían las medidas de orden de alejamiento de forma pro activa. Un centro de control unificado e integrado permitirá a las instituciones vinculadas al proceso tener control, observación, alertas tempranas, acción inmediata y verificación de rutinas en cuestión de segundos, impidiendo el acercamiento del ofensor hacia la víctima en el área crítica, donde estaría expuesta. Así se evitaría lo que ocurre ahora, que las mujeres mueren con la boleta de protección en la mano .

El uso del brazalete de monitoreo electrónico lo estableció la Ley 82 de 2013
 

comments powered by Disqus

Multimedia

  • Videos
    Panameños exigen bonos en diferentes puntos del país.
  • Fotos

Lotería

domingo 15 de marzo de 2020

  • 2431 1er Premio
  • DBBA Letras
  • 15 Serie
  • 2 Folio
  • 8005 2do Premio
  • 7137 3er Premio