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Panamá

No hay plata para los jueces de paz

No hay plata para los jueces de paz
Archivo | El Siglo

Las personas que aspiren para desempeñar estos cargos deberán ser capacitadas.

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sábado 15 de abril de 2017 - 12:01 a.m.
Reines Rodríguez N.
rrodriguez@elsiglo.com.pa

Sociedad civil vigila de cerca que se cumpla con requerimientos.

EN VEREMOS

El próximo 17 de junio entra a regir la ley que reemplaza a los corregidores por los jueces de paz.

Sin embargo, esta norma aprobada mediante Ley 16 de 17 de junio de 2016, carece de presupuesto y de los mecanismos para que el nuevo modelo funcione.

Además, está la necesidad de adecuar las insfraestructuras para convertirlas en ‘Casas de Justicia Comunitaria de Paz', como la norma aprobada lo estipula.

Ante ello, la puesta en marcha de la norma en el primer distrito judicial de Panamá que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y de las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounnan y Wargandí, podría aplazarse hasta el 2018.

La Comisión Interinstitucional, creada para revisar las directrices para su implementación, recomendará al Ejecutivo que se postergue su implementación.

En una reunión, los integrantes de esta mesa de trabajo plantearon la necesidad de buscar las soluciones.

Magaly Castillo, representante de la sociedad civil, estimó que se requieren al menos seis meses adicionales. Castillo apela a que se cumpla con el proceso de capacitación y selección de los aspirantes.

A juicio del procurador de la Administración, Rigoberto González, se debe brindar un curso a los aspirantes y luego los que resulten escogidos, se les brinde otra capacitación para ejercer el cargo.

La Comisión Interinstitucional apuesta a que, en el 2018, la norma debe estar presente en los 666 corregimientos de todo el país.

Sin embargo, la hoja de ruta para la puesta en marcha también será vigilada por el Pacto de Estado por la Justicia.

El objetivo de la norma es buscar mejorar el acceso ciudadano a una justicia local más expedita, transparente, informal y fundamentada en el respeto a los derechos humanos y el diálogo. Su implementación acarrea transformaciones importantes y trascendentales necesarias para el nuevo modelo de justicia comunitaria en Panamá.
 


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