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Panamá
El sacerdote colombiano Luis Ruíz Quiroga fue separado del servicio.
Juristas concuerdan en que hay que modificar el Código Penal en el renglón de delitos sexuales a menores.
Con los recientes casos de violación, donde las víctimas son menores de edad, cada vez son más voces las que piden un endurecimiento de las condenas y cuestionan los acuerdos de pena en dichos casos.
Cifras del Ministerio Público hablan de mil 44 denuncias por el delito de violación carnal desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2022, contemplado en el artículo 174 del Código Penal.
Si revisamos las cifras del Ministerio Público, solo las violaciones carnales a menores de edad registran la espeluznante cifra de mil 44 en los primeros cinco meses de 2022, pero las violaciones doblemente agravadas suman 119 casos en el mismo período.
De acuerdo con el Código Penal la pena máxima por este delito mayormente agravado es de 18 años, casi igual al de homicidio simple. En el delito de acceso sexual con una mayor de 14 años y menor de 18 los casos sumaron este año 898 en todo el país, los actos libidinosos legaron a 440 y acoso sexual a 14, en solo cinco meses.
Jurisprudencia debe ser revisada
Para el abogado Alfonso Fraguela las penas por delitos sexuales deben ser revisadas periódicamente y aumentar de acuerdo con cada caso específico, pero también debe ir acompañada de terapias funcionales para los agresores una vez cumplan los años de la sentencia puedan reinsertarse a la sociedad.
El penalista sostiene que se debe implementar una base de datos con los nombres de los agresores sexuales, sobre todo para saber quienes son reincidentes. ‘Recomiendo la propuesta de un programa de reinserción a la Asamblea a efecto de modificar el Código Penal y evaluar las adecuaciones que se deban seguir con respecto al Sistema Penal Acusatorio sobre medidas cautelares', puntualizó.
Por su parte la vicealcaldesa de Panamá, Judi Meana piensa que sí debe aumentar la pena por los delitos sexuales a menores de edad y advierte que uno de los problemas urgentes que el Estado debe atender es ‘el hacinamiento por falta de vivienda asequible; que padres tengan acceso a guarderías y centros de desarrollo para el cuidado de los menores cuando están laborando, así como protocolos de respuesta inmediata para atender las denuncias'.
Según el vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, Ariel Hughes todo delito relacionado al abuso y violación de menores no debe contemplar ningún tipo de arreglo de pena y tampoco puede tener ribetes políticos ni religiosos.
No debe haber excepción alguna en cuanto a los delitos de libertad e integridad sexual, sea quien sea, debe pagar con todo el peso de la Ley en estos tipos de delitos, más aún, cuando se trata de una persona menor de edad, por tal razón, se debe hacer una modificacion al artículo 220 del Código Procesal Penal de Panamá, para evitar arreglos de pena en estos casos de delitos contra la libertad e integridad sexual.
