- lunes 14 de marzo de 2022 - 12:00 AM
Corrían los primeros seis meses de 2009, en pleno gobierno de Ricardo Martinelli, cuando se dio inicio a un proceso que se denominó: ‘rescate administrativo del transporte público'.
Era una promesa de campaña y se asignó al ministro de la Presidencia para que coordinara y ejecutara dicho proyecto, en atención a que la población estaba cansada del pésimo sistema de transporte brindado por los ‘diablos rojos y verdes', y que todo lo que viniera era mejor.
Con este aval, se procedió a la implementación de la Resolución No. JD 046 del 4 de diciembre de 2008 mediante la cual se aprobó el proceso en coordinación con la ATTT, la Contraloría y el MEF.
Se sentaron las bases para el Sistema Masivo de Transporte, por medio de la Ley 42 de octubre de 2007, y se fijó el monto de las compensaciones a los transportistas que salieran del sistema. Nadie a estas alturas se imaginaba que eso iba a producir el proceso judicial de mayor magnitud 11 años después, que registre nuestro sistema judicial.
Conversaciones
A partir de ese año, comenzaron las conversaciones con el sector transportista por medio de sus organizaciones prestatarias y con la participación de Canatra.
A la vez que se depuraba el parque metropolitano para tener claridad a cuántos concesionarios se iban a indemnizar. Y el monto de las compensaciones ascendían inicialmente a $25 mil por unidad a una cantidad de 1500 buses activos del área metropolitana.
Después de mucho jaleo entre dirigencia y autoridades, se acordó la instalación de una Comisión Evaluadora para ‘filtrar' si las solicitudes de ingresar al programa cumplían los requisitos. Debían tener buenas condiciones físicas y mecánicas, ya que se entendían que estaban prestando el servicio.
Rutas
Con el tiempo el proceso se amplió a las unidades por rutas, corredores y una que otra área troncal que fueron incluidas en los pagos, estableciéndose diferentes sumas a pagar, de $25 mil a $150 máximo.
De esta forma, se fueron ‘compensando' buses que debían tener como fecha última de expedición el año 2009.
Las reuniones del Ministro de la Presidencia, de ese entonces, con los transportistas, Ministerio de Gobierno, ATTT, bancos y el MEF eran intensas, así como los informes al presidente.
Lo mejor estaba por venir, ya que la población estaba embebida por ver las tuneladoras perforando el subsuelo para la línea uno del metro y ni se enteraban de lo que estaba sucediendo. Todo fluía y el gobierno levantaba este programa como ‘la estrella ‘, al igual que se hace hoy con la Educación.
Pagos
En 2010 se comenzaron a pagar las primeras compensaciones a los transportistas incluidos en el proceso de rescate y por salir del sistema.
Al mismo tiempo, se escuchaban voces de denuncias sobre favoritismo en algunos pagos.
Se encendieron las alarmas, y se le sumó el cementerio de buses chatarras por el área revertida que a todas luces no concordaba con las cifras oficiales de buses ‘activos' a compensar.
A esas alturas, ninguna autoridad miraba para esa esquina y mucho menos se atrevía a interrumpir dicho proceso.
En 2012 las cosas se comenzaron a complicar, toda vez que, dentro de la misma Autoridad de Tránsito algunos funcionarios vinculados al proceso (y otros que no lo estaban), expresaban en círculos cerrados y públicos que ‘algo andaba mal con las compensaciones'. Esto explica, el por qué la primera denuncia sobre irregularidades surgió del subdirector de la ATTT de esa época.
