Gobierno presenta nuevo contrato con Minera Panamá ante la Asamblea

A fin de exponer el presente proyecto de ley que se somete a la Asamblea Nacional, consideramos relevante hacer un recuento histórico del proceso que nos ha llevado a la suscripción de un nuevo contrato con la sociedad Minera Panamá, S.A., para la explotación del yacimiento mineral ubicado en el distrito especial de Omar Torrijos Herrera y el  distrito de Donoso , ambos ubicados en la provincia de Colón, identificado como el “Proyecto Cobre Panamá”.

Mediante la Ley 9 de 1997, promulgada en la Gaceta Oficial No. 23235 de 28 de febrero de 1997 , se aprobó el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado panameño y Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá S.A., mediante el cual se le otorgaron a esa empresa derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar todos los minerales bases o preciosos en cuatro zonas ubicadas en los distritos de Omar Torrijos Herrera y Donoso, provincia de Colón, identificado como el “Proyecto Cobre Panamá”.

Posteriormente, en virtud de acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), dicha instancia judicial mediante fallo de 21 de diciembre de 2017 resolvió declarar inconstitucional el Ley 9 de 1997.

Contra la sentencia de inconstitucionalidad de 21 de diciembre de 2017 se interpusieron múltiples recursos legales, los cuales fueron resueltos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 28 de junio de 2021, rechazándose tales recursos por improcedentes. La sentencia de inconstitucionalidad de 21 de diciembre de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue publicada el 22 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial por lo que, en consecuencia, desde entonces dejó de tener existencia jurídica el contrato celebrado entre el Estado Panameño y Minera Panamá, S.A. sobre la operación minera del Proyecto Cobre Panamá.

El fallo de inconstitucionalidad, por un lado restableció el orden constitucional perturbado por la Ley 9 de 1997, pero por otro lado abrió una etapa de innegable incertidumbre sobre importantes retos de interés nacional derivados de la ausencia de cobertura contractual de la operación minera, como lo es la estabilidad de miles de empleos asociados a dicha actividad y con ello el sustento de miles de panameños que dependen de la actividad desarrollada por Minera Panamá, S.A., sin perjuicio del resguardo de los intereses nacionales relativos a la conservación del medio ambiente, y la amenaza de demandas y reclamos contra el Estado, por infundados que pudieran ser, que podrían comprometer el patrimonio de la Nación.

La situación jurídica atípica que se generó tras el fallo de inconstitucionalidad de 21 de diciembre de 2017 , no se encuentra regulada en la normativa contenida en el Código de Recursos Minerales ni en la Ley de Contrataciones Públicas vigentes, lo que exigió del Estado ejercer sus facultades exorbitantes bajo la Constitución Política y adoptar una serie de decisiones extraordinarias a fin de garantizar precisamente el bienestar de la colectividad y el interés de la Nación panameña, de los cuales el primer responsable es el Gobierno Nacional.

Colocado en esa situación crucial el Gobierno Nacional, asumiendo su responsabilidad histórica y en atención a que la misma no se encontraba regulada en la normativa jurídica vigente, consideró necesario negociar un nuevo contrato con Minera Panamá, S.A. , que consultara los legítimos intereses de la Nación panameña, que es la verdadera propietaria de los derechos de explotación y aprovechamiento de los recursos mineros; y de esta forma, se daría continuidad a la preservación de las importantes fuentes de empleo, a la reactivación económica nacional por el gasto en bienes y servicios locales que demanda la actividad y a la generación de ingresos fiscales nacionales y municipales que se derivan del conglomerado de actividades que se desarrollan en torno a la operación de la referida mina.

En el mes de enero de 2022, luego de un periodo de conversaciones entre las partes, la empresa Minera Panamá, S.A. se comprometió ante el Gobierno Nacional y a la faz del país a suscribir un nuevo contrato de concesión, que le garantizara al Estado un ingreso mínimo anual por la suma de trescientos setenta y cinco millones de balboas (B/. 375,000,000.00), entre otros beneficios, incluyendo compromisos laborales, ambientales y económicos.

Bajo este compromiso y el principio de la buena fe ampliamente reconocido por la jurisprudencia contencioso administrativa, el Estado mantuvo conversaciones con Minera Panamá, S.A., con el propósito de concluir la redacción final de un nuevo contrato de concesión minera acorde con los términos negociados, con el objetivo de garantizar el bienestar social y el interés público, la preservación de los miles de empleos directos e indirectos que genera la actividad de la operación minera en el Proyecto Cobre Panamá, asegurar el crecimiento del Producto Interno Bruto y coadyuvar con la reactivación económica del país;  garantizando de esa forma la estabilidad de miles de empleos asociados a dicha actividad y con ello el sustento de panameños y panameñas, que dependen de la actividad minera. Lo anterior, en vista a que constituye interés del Estado promover las inversiones y el desarrollo de las actividades comerciales en beneficio de la economía nacional.

Luego de varios meses de intensas negociaciones, el Gobierno Nacional y la sociedad Minera Panamá, S.A. han alcanzado un acuerdo sobre el texto del nuevo contrato para la continuación de las operaciones mineras que cumple con las expectativas fijadas por el Estado en cuanto a los ingresos que corresponde percibir en materia de impuestos y regalías conforme a los estándares internacionales de la industria, garantiza  la estabilidad laboral  a miles de  trabajadores  estipula cláusulas para la conservación del  ambiente; y, finalmente, preserva la institucionalidad legal y constitucional del Estado panameño.

En el nuevo contrato se establece que los fondos recibidos por el Estado serán distribuidos como sigue: cincuenta por ciento (50%) será transferido al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, para su sostenibilidad, veinte por ciento (20%) será destinado a elevar a trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) mensuales el monto de las pensiones de la Caja de Seguro Social de aquellos jubilados y pensionados que tengan un ingreso menor a dicha cifra, veinticinco por ciento (25%) será destinado a proyectos de inversión que beneficien a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada en las provincias de Colón y de Coclé, y cinco por ciento (5%) se destinará para la construcción, desarrollo y funcionamiento del “Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente” con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas a los mejores niveles de la región.

El Gobierno Nacional llevó a cabo un proceso de consulta pública por medio de la Plataforma Ágora, realizó audiencias públicas en las comunidades donde se desarrolla y tiene impacto directo la operación minera, así como foros talleres con asociaciones y gremios nacionales.

Concluido el proceso de consulta pública, el texto del contrato negociado con la sociedad Minera Panamá, S.A., fue modificado para incluir como beneficiario al Distrito de La Pintada, Provincia de Coclé , y para transparentar la gestión directiva del Fideicomiso Conquista del Atlántico, estableciéndose como sus miembros a autoridades electas por voto popular o designados con motivo de su cargo.

Posteriormente, este texto final fue sometido al Consejo de Gabinete, el cual autorizó la celebración del contrato mediante Resolución de Gabinete No. 54 de 14 de junio de 2023. El contrato suscrito por las partes fue sometido al proceso de refrendo por la Contraloría General de la República, efectivamente refrendándose el día ___ de junio de 2023.

Habiéndose concluido todas las etapas previas requeridas, se somete ante la Asamblea Nacional, el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá S,A. para su discusión y aprobación o rechazo.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, sometemos a la Honorable Asamblea Nacional el presente proyecto de ley.