Esperan la derogación del Decreto 141

Luego de que el ministro de Ambiente Milciades Concepción informará sobre la intención de derogar el Decreto Ejecutivo 141, diversas agrupaciones ambientalistas se mantienen a la espera del anuncio oficial.

De acuerdo con Concepción, la medida fue tomada durante una reunión en el sector Miguel de la Borda, en Donoso, provincia de Colón, en la que participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

‘Se escuchó a los líderes comunitarios que indicaron que no estaban de acuerdo con los certificados de uso de suelo, sino con los títulos de propiedad. Ante esto el presidente tomó la mejor decisión sobre el tema, el decreto 141 será derogado', aseguró.

El ministro agregó que una vez se elimine la norma, se creará una mesa técnica, la cual se encargará de buscar una solución para estos dos distritos, ya que el problema allí es que en 2009 todo ese territorio fue declarado área protegida.

El Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, que creó certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas, generó rechazo de unas 70 organizaciones.

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) espera que Cortizo derogue el Decreto 141, tal como señaló en su visita a Donoso, el 7 de diciembre.

‘La derogación del 141 es una victoria de la acción social organizada. Sin embargo, mantengamos la alerta. Tomemos nota del desdén con el que el presidente se refirió en Donoso a las áreas protegidas de nuestro país, a contrario del discurso que dio ante la COP 26.', publicaron en su cuenta de Twitter.

Indicaron que no solo las múltiples protestas y demandas hacia el Decreto fueron esenciales para este triunfo; también el rotundo rechazó de las comunidades de Donoso que no se doblegaron.

Anteriormente Olmedo Carrasquilla, del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), dijo que el decreto dejaba en evidencia que había una comercialización de estas tierras para otros fines que no tenían que ver con la protección ambiental. ‘Nos llama muchos la atención que el decreto se ponga en ejecución en el distrito de Donoso, cuando Cobre Panamá ha manifestado que requiere de más tierras', dijo.

En un inicio, MiAmbiente defendió este decreto, planteando que las poblaciones cercanas a las áreas protegidas no tienen seguridad jurídica sobre sus tierras, debido a que las leyes y normas que rigen estos lugares no permiten su titulación. Por ello, consideraba que la certificación de uso de suelo daría un documento que legalmente permitiría llevar a cabo actividades dentro de las reservas ecológicas, a aquellos residentes que ocuparon la reserva antes de su declaratoria.