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Panamá
“Atribuirle a la minería los problemas ambientales y sociales que atraviesa el país es una engañosa falacia”, argumentaron
Innecesaria e inconveniente, así califica la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) las propuestas para la declaración de una moratoria de minería metálica indefinida en el país, promovidas por organizaciones cívicas, religiosas y ambientalistas.
Dicen que es innecesaria porque una acción o legislación en ese sentido no cumple ningún propósito, ni busca solucionar los graves problemas sociales, ambientales y económicos que enfrenta la nación.
El presidente de CAMIPA, Roberto Cuevas, justificó la posición del gremio especializado en la industria extractiva, en que los argumentos de las organizaciones detractoras del desarrollo del sector minero en Panamá carecen de sustento, están basados en supuestos sin base científica y soslayan el hecho de que toda actividad produce un impacto sobre el ambiente.
“Atribuirle a la minería los problemas ambientales y sociales que atraviesa el país es una engañosa falacia. Por ejemplo, la deforestación en Panamá es el resultado del avance de la frontera agrícola y la contaminación de los ríos es producto de las descargas de aguas servidas y el mal manejo de los desechos sólidos”, sobre los que la mayoría de estos grupos activistas no suelen manifestarse, indicó.
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Destacó que la minería moderna - que actualmente se lleva a cabo en Panamá - aplica las mejores prácticas y estándares en la identificación, prevención y mitigación de sus impactos de manera de lograr un balance neutro o positivo sobre la biodiversidad y la salud de los ecosistemas.
El Ing. Cuevas agregó que los beneficios económicos, sociales y ambientales que está generando actualmente la minería metálica en Panamá son cuantificables y muy alejados de las medias verdades en los que se pretende sustentar una moratoria.
“En el año de la pandemia 2020, el aporte de la mina de cobre al PIB fue del 4%, generó más de 39 mil empleos entre directos e indirectos y realizó compras anuales de más de $580 millones a unos 1,850 proveedores panameños y emplea dignamente a más de 1500 personas de las comunidades”.
A juicio de CAMIPA, una moratoria impediría que Panamá aproveche responsablemente la riqueza mineral con que cuenta, por lo que el gremio respalda las iniciativas gubernamentales dirigidas al fortalecimiento del sector, como lo es la amplia consulta que actualmente se está llevando a cabo dirigida por una entidad seria como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Cámara Minera de Panamá reitera que una moratoria de la minería tendría como resultado la eliminación de miles de puestos de trabajo y la pérdida de miles de millones de dólares en la economía nacional, al cerrarle las puertas a la inversión extranjera impulsada por la alta demanda de metales en el mundo, lo que truncaría la tan anhelada recuperación económica y el desarrollo sostenible del país.
