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Panamá

Minería en Panamá: progreso o destrucción

Minería en Panamá: progreso o destrucción

domingo 10 de septiembre de 2023 - 12:00 a.m.
Dra. Julia Sáenz
doctorajuliasaenz@gmail.com

Muchachos en edad universitaria participan de una actividad a pesar de la carencia de empleos formales

En estos últimos días el país se ha visto conmovido por el contenido de un contrato minero, hasta qué punto son válidas todas las protestas presentadas hasta ahora. Partiremos esta reflexión señalando que lastimosamente el Estado panameño en su afán de proteger los derechos fundamentales más conocidos, ha dejado de lado la defensa y garantía del ambiente a sabiendas que de un ambiente sano y libre de contaminación depende el desarrollo adecuado de la vida, según el artículo 118 de la Constitución Política de Panamá pero, además, nuestro texto constitucional es claro al precisar en su artículo 123, que para lograr esto es necesario reglamentar jurídicamente los recursos naturales no renovables con los cuales consta el Estado, con la finalidad de evitar que del uso de estos se deriven perjuicios económicos, sociales y ambientales para la sociedad panameña. Siento que el Estado debe prever qué es lo más importante y primordial para su población. Es por ello, que ha llegado el momento de analizar cuáles son los intereses jurídicos de mayor jerarquía y, por consiguiente, aquellos cuya protección debe prevalecer: los económicos para el momento presente o, los de garantizarle a la sociedad un ambiente sano para, tener quien procure un beneficio permanente y, a futuro para Panamá. Estoy segura de que esta última opción es la que nos conviene .

En atención a lo antes expuesto, considero necesario realizar una profunda reflexión sobre los aspectos siguientes, de manera tal que podamos advertir una solución al problema: primero, cuáles serían las ventajas y desventajas de no aprobar el contrato minero. Segundo, cuáles son las anomalías principales que presenta el citado contrato y, tercero: cuáles son las posibles alternativas de solución al problema. Para tales efectos, empezaremos señalando con respecto al primer aspecto, lo siguiente: definitivamente que es imposible negar la fuente de empleo que constituye minera Panamá, situación que a su vez, se constituye en mejorar el nivel socioeconómico de un grupo de familias en el país; pero, a qué costo y aquí tendríamos que analizar el porcentaje de empleos generados vs la población existente y carente del mismo. Además, como desventaja está el irreparable daño al ambiente y la afectación al corredor mesoamericano y las incidencias que esto tiene con respecto al clima en Panamá y la región.

En cuanto al segundo aspecto, nos encontramos con que el mismo presenta la realización de delitos ambientales, tales como: delitos contra los recursos naturales (art. 399); delitos contra la personalidad internacional del Estado (arts. 425 y 431), ambos del código penal panameño. Todo esto sin tomar en cuenta, la apertura de la puerta hacia una posible invasión para la defensa del canal de Panamá.

Por último, como respuesta al tercer punto, recomendaría la suspensión temporal del contrato en conjunto con la creación de una comisión de expertos, para negociar con la empresa las cláusulas del contrato. De manera tal, que se puedan minimizar los efectos legales de una futura rescisión del contrato.

Siento que el Estado debe prever qué es lo más importante y primordial para su población. Es por ello, que ha llegado el momento de analizar cuáles son los intereses jurídicos de mayor jerarquía y, por consiguiente, aquellos cuya protección debe prevalecer.
 


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