Panamá

Manifestaciones callejeras: ¿derecho o delito?

Manifestaciones callejeras: ¿derecho o delito?

sábado 6 de agosto de 2022 - 12:00 a.m.
Dra. Julia Sáenz
juliaelenasaenz@gmail.com

Esta conducta delictiva tiene pena de dos a cuatro años de prisión

Leyendo sobre la muerte del Dr. Martin Luther King Jr., encontré uno de sus tantos pensamientos, en el que se señala lo siguiente: ‘No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos.' Al terminar de leer estas palabras, tuve a bien reflexionar sobre las manifestaciones y protestas callejeras que hubo en Panamá, por más de quince días, a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta qué punto ‘el silencio de los buenos' finalizó, en Panamá, con las protestas, manifestaciones y huelga de los maestros y profesores de este país.

Para poder realizar un análisis al respecto, empezaremos con identificar el marco conceptual del término manifestaciones callejeras, para lo cual haremos el planteamiento siguiente: primero, existe una diferencia entre protestas y manifestaciones callejeras, la cual advertimos de la manera siguiente: a. las protestas son una forma de reaccionar de la totalidad de una población o, de un sector de ésta, con relación a situaciones que se derivan de la actuación incorrecta por parte de la estructura gubernamental de un Estado y, con la cual no se está de acuerdo por considerar que ésta constituye una flagrante violación a los derechos humanos de los pobladores; por consiguiente, la conducta de la población en las calles se da en forma violenta, ya que están demostrando su desaprobación a través de la violencia generalizada. b. Por otro lado, contamos con la palabra manifestaciones, la cual consiste en un pronunciamiento de la población, también en las calles, pero, en forma pacífica, como respuesta de aprobación o descontento con respecto a toma de decisiones del gobierno de turno, vinculadas a los derechos humanos de los pobladores del Estado.

En este mismo orden de ideas, tenemos que son las manifestaciones y no las protestas, las que están reguladas como garantía fundamental, en el artículo 38, de la Constitución Política de Panamá, para lo cual solamente se requiere dar aviso 24 horas antes, a la autoridad administrativa local y esta puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, los cuales puedan poner en peligro la seguridad colectiva de la población. Este artículo se aplica en concordancia con el artículo 15, de la Convención Americana o Pacto de San José, estableciendo claramente que la manifestación amparada como un derecho humano es aquella que se realiza en forma pacífica y sin ninguna clase de armas a través de las cuales se pudiese ocasionar un peligro para el resto de la población. Es decir, en el momento en que el ciudadano utilice cualquier método subversivo para realizar la manifestación, ya ésta no constituye el ejercicio de un derecho fundamental amparado por una garantía constitucional y pasa a considerarse una figura delictiva. Con relación a este último punto, entre los delitos, tipificados en el código penal panameño, se encuentran los siguientes: 1. Art. 301, Capítulo III (Delitos contra los medios de transporte), Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), el cual establece como conducta ilícita el realizar cualquier acción que ponga en peligro real la seguridad de los medios de transporte y si esto se lleva a cabo con intimidación o violencia, se considera una modalidad agravada sancionada con pena de prisión de seis a diez años; 2. Art. 436, Capítulo II (Delitos contra la Personalidad Interna del Estado), Título XIV (Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado), este a su vez, consiste en realizar acciones violentas cuya finalidad es impedir que se apliquen las normas jurídicas del país, sin pretender derrocar al gobierno de turno.

Esta conducta delictiva tiene pena de dos a cuatro años de prisión. 3. Art. 150, numeral 6, Capítulo I (Delitos contra la Libertad Individual y Desaparición Forzada), Título II (Delitos contra la Libertad). Este delito consiste en secuestrar a un miembro de la Fuerza Pública (Policía) en atención al ejercicio de sus funciones, conllevando una pena de prisión de quince a veinte años, más un aumento de un tercio a la mitad; como fue el caso de los policías secuestrados en Santiago de Veraguas. Sin mencionar otros delitos.

Este delito consiste en secuestrar a un miembro de la Fuerza Pública (Policía) en atención al ejercicio de sus funciones, conllevando una pena de prisión de quince a veinte años, más un aumento de un tercio a la mitad; como fue el caso de los policías secuestrados en Santiago de Veraguas.
 

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