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Panamá

¿Habrá impunidad o castigo en el caso Odebrecht?

¿Habrá impunidad o castigo en el caso Odebrecht?
Archivo/ El Siglo

Expresidentes, altos funcionarios y ejecutivos de empresas fueron imputados en 12 países, algunos tienen condena

miércoles 25 de mayo de 2022 - 12:00 a.m.
Pablo Castillo Miranda
pablo.castillo@elsiglo.com.pa

En Perú, Brasil, Ecuador, México y otros países hay condenados, en Panamá crece la expectativa por la audiencia de julio

El caso de corrupción masiva que se destapó en el año 2016, en 10 países de América y dos de África, venía operando desde los años 90' con la misma estrategia de compra de funcionarios, medios de comunicación y hasta empresarios de todos los niveles para hacerse de millonarios contratos estatales.

En Panamá, la investigación del Ministerio Público se retoma el 29 de enero de 2020, cuando el Primer Tribunal Superior concedió el amparo presentado por la Fiscalía en contra de la decisión del juzgado de la causa, extendiendo el término de la investigación hasta por cinco meses y ocho días.

Actual estado de la investigación

El Ministerio Público solicitará llamamiento a juicio para 101 personas imputadas [79 hombres y 21 mujeres] entre las que está una persona jurídica, 61 estructuradores, 22 testaferros y 18 beneficiarios finales.

De acuerdo con la entidad, el dinero recuperado asciende a 424 millones 997 mil 137 dólares con 47 centavos, en 921 cuentas bancarias.

Actualmente la investigación está radicada en el Juzgado Tercero Liquidador y, la fecha para una audiencia preliminar está programada entre el 18 de julio al 5 de agosto de 2022 y una fecha alterna del 12 al 30 de septiembre de este mismo año.

Según la fuente, la investigación se inicia por presuntos pagos ilícitos desde la contabilidad de la constructora a funcionarios y particulares por el delito contra la administración pública y el orden económico.

Opiniones

El profesor de derecho de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, sostiene que ‘el Ministerio Público jamás ha tenido la menor intención de investigar a Odebrecht, ellos siguen lo pactado por Varela/Porcell de no investigar'.

El constitucionalista añade que la investigación está en el container de la impunidad que tienen en el Ministerio Público para estos casos. ‘Odebrecht no paga ni las multas de lo que le debe al fisco, se burla y pisotea la dignidad nacional.

Por su parte el penalista, Víctor Orobio, aclaró que a falta del auto de llamamiento a juicio el término de prescripción no se ha interrumpido.

‘Lo único que interrumpe la prescripción de la acción penal es el auto de llamamiento a juicio y, mientras no se dicte y quede ejecutoriado este, el término de la prescripción penal sigue corriendo y dependiendo de los delitos que se haya imputado, dudo que una prescripción se vaya a concretar', apuntó.

Orobio agrega que cuando se trata de delitos contra la administración pública, hay una regla que establece que la prescripción se va hasta 20 años. ‘Creo que ahí va a haber condenas, en ese caso hay personas que están seriamente vinculadas y no va a haber manera de que terminen bien librados, a pesar de la desconfianza generalizada que tenemos en contra de la administración de justicia', remató.

Antecedentes

La constructora Norberto Odebrecht llegó a Panamá el 14 de septiembre de 2006, durante el gobierno de Martín Torrijos, quien concedió el aval para un contrato entre la constructora brasileña y la mexicana Pycsa, para la construcción de la autopista Panamá-Colón y un tramo de Madden a la ciudad de Colón.

Ese mismo día y año los abogados de la firma Alfaro, Ferrer y Ramírez, inscribieron a Odebrecht en el Registro Público quedando así bajo la jurisdicción panameña e iniciando una larga relación comercial entre la brasileña y el Estado panameño.

Un poco más allá en el tiempo, en 1994, cuando la empresa Pycsa tuvo problemas de liquidez, entró en escena la cesión de contrato entre Pycsa y Odebrecht, donde la tónica fue una multitud de adendas.

Condenados

Países. El exsenador colombiano Antonio Guerra de la Espreilla fue condenado a 13 años de prisión y a pagar mil 400 millones de dólares de multa. En Argentina, allegados a los Kirchner y a Mauricio Macri, aún tienen expedientes; en Venezuela los ejecutivos dijeron haber pagado al expresidente fallecido, Hugo Chávez, y al actual mandatario, Nicolás Maduro.



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