Publicidad
Panamá
El gremio de trabajadores dice que esta propuesta no es producto de lo consensuado en la Mesa Tripartita del Dialogo
La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) rechaza el proyecto de Ley que establece medidas temporales de protección del empleo de las empresas afectadas por el Covid 19 y dicta otras disposiciones.
"Rechazamos de manera contundente este nefasto proyecto que responde a los intereses empresariales y neoliberales del Sr. Cortizo", expresó la CGTP. Su secretaria general es la profesora Nelva Reyes.
"De igual manera, le informamos al país y sobre todo a los trabajadores, que este proyecto no recoge, ni es producto de lo consensuado en la Mesa Tripartita del Dialogo; es más, los temas insertos en el mismo, ni siquiera fueron parte de la temática discutida", destacó el gremio en un comunicado.
El escrito también dice que "debemos ponderar el hecho que acudimos al diálogo en procura de la defensa de los derechos de los trabajadores y con la consigna inclaudicable de la no modificación al Código de Trabajo, que tanto sacrificio, sudor e incluso vidas le ha costado a la clase trabajadora; además, convencidos que el diálogo en un mecanismo siempre propicio para la resolución de los conflictos; empero, no es el único"
Agregan que "debemos recordar que somos los trabajadores quienes sostenemos la economía; pues sin nosotros no hay empresa; sin embargo, es la clase empresarial quien ha disfrutado históricamente de las mieles de la riqueza obtenida producto de la dinámica de las relaciones de trabajo. A cambio, las condiciones sociales de los trabajadores son cada vez más precarias y con este proyecto se busca legalizar los abusos y mutilar los derechos mínimos de los trabajadores que devienen de nuestro Código de Trabajo y que de hecho atentan de forma burda y descarada contra convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), de la cual Panamá es signataria y ha ratificado".
En virtud de lo anterior plantearon lo siguiente:
Rechazar, el proyecto de Ley presentado el día 13 de julio por la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Denunciar, que se pretende el aumento de las horas extras permitidas por el artículo 36 numeral 4 las cuales son: tres (3) diarias y de nueve (9) semanales a cuatro (4) horas diarias y dieciséis (16) semanales.
Denunciar, que se pretende obligar a los trabajadores a trabajar jornada extraordinaria con la sola necesidad de producción del empleador, cuando esto se encuentra prohibido por el artículo 35 del Código de Trabajo.
Denunciar, que se pretende establecer en un veinticinco por ciento (25%) el único recargo por trabajar horas extraordinarias; cuando el artículo 33 del Código de Trabajo establece que de acuerdo a la jornada en la cual se preste el trabajo extraordinario, los recargos podrán ser de 25%, 50% y de 75%.
Denunciar, que se pretende que los empleadores puedan unilateralmente modificar el horario de los trabajadores, cuantas veces ellos lo requieran; vulnerando lo señalando en el artículo 197 del Código de Trabajo, que impide la alteración unilateral de la condición de trabajo; además que el artículo 223, lo estable como una causa de renuncia justificada.
Denunciar y repudiar, que pretende reducir el decimo tercer mes a la suma de $50.00 a las y los trabajadores que fueron suspendidos sus contratos o jornadas reducidas del décimo tercer mes de agosto y diciembre. Peor aún y como si los trabajadores fuéramos limosneros le dan la posibilidad a los empleadores a dividir el pago en dos, 15 de agosto y 15 de septiembre (segunda partida), el de diciembre se pagará el 15 de diciembre y 15 de enero de 2021 (tercera partida) a razón de 25.00 cada una, beneficiando de manera descarada al sector empresarial.
Aclarar, que el artículo 12 del proyecto, fue el único tema que fue objeto de discusión y consenso en la mesa, que establece que para el cálculo de la prima de antigüedad e indemnización descrita en los artículos 224 y 225 del Código de Trabajo, no se tomarán en cuenta los salarios con jornadas reducidas, sino los salarios devengados antes de la declaratoria del Estado de Emergencia. Este aspecto lo llevó a la mesa el sector laboral, ya que, de no ser así, se aplicaría el artículo 149 del Código de Trabajo, lo cual implicaba que se afectarían la indemnización y prima de antigüedad de los trabajadores que se despidieran y a los cuales previamente se le hubiese reducido su jornada y por lo tanto su salario.
Denunciar, que el gobierno del Sr. Cortizo sigue haciendo recaer en la espalda de las y los trabajadores la crisis de Covid 19. Dándole al sector empresarial la última gota de su sangre de los trabajadores.
Denunciar, que el Gobierno Nacional ha irrespetado y ha sido deshonesto cuando indica que “este proyecto es el resultado de la mesa de diálogo tripartito”, en el cual participaron tres (3) sectores.
Aclarar, que en lo relativo al sector laboral, dos (2) organizaciones que se retiraron de la mesa lo hicieron hasta cuando solo faltaban (3) tres días para finalizar el mismo.
Denunciar y lamentar, que la política del gobierno PRD, en ningún momento está para garantizar la vida a las y los panameños, les exigimos que cumplan con el Artículo 64 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Lamentar, que la situación que hoy, se ve agudizada estando entre los primeros lugares a nivel de América Latina de más contagiados por millón de habitantes, y eso se debe al desmantelamiento que se dio a partir del gobierno de Pérez Balladares, cuando se reformó el Código de Trabajo y aplicaron a fondo las políticas neoliberales, (se eliminó el SNEM, se desmantelaron los Comités de Salud, se eliminó la atención primaria), estamos pagando con creces el resultado de estas políticas que el Señor Cortizo sigue ejecutando.
Solicitar, a las y los diputados que engaveten este legajo, ya que no es el resultado de la discusión de la Mesa Tripartita que muchas horas de trabajo dedicó para buscar una salida humana y justa para las y los trabajadores.
Por último, le piden a todos los trabajadores y trabajadoras estar alertas y preparados para reclamar el respeto al instrumento baluarte de la clase obrera, ante las pretensiones insanas, que buscan socavar, en beneficio del poder económico, aquello que tanto nos ha costado.
Puntualizaron que no descartan hacer uso del derecho constitucional de manifestación y las calles serán el escenario de lucha, asegurando que el diálogo demostró que el poder económico no entiende de razones.
El 13 de julio, día en la que la ministra Zapata presentó el proyecto en la Asamblea Nacional, dijo que será una norma de carácter temporal y que no es una modificación a lo establecido en el Código de Trabajo, que, por el contrario, busca crear un clima laboral más justo, que evite abusos y que garantice la estabilidad de las empresas y sus trabajadores.
Aquel día se dijo que el proyecto sería enviado a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, desde donde se realizarán las consultas correspondientes, en la que podrán participar ciudadanos y organizaciones, para hacer aportes al documento base presentado por el Ejecutivo y luego entrar a los debates entre los diputados.
