Países como Estados Unidos se mantienen abiertos y respetando los derechos de sus ciudadanos.
Panamá
Existen dudas en muchas personas sobre la efectividad de las vacunas contra el covid-19
En las últimas semanas se ha debatido en diferentes círculos sociales la legalidad o ilegalidad de las autoridades y dueños de comercios, empresas, sitios de recreación, para impedir el acceso a las personas que no se han vacunado contra el covid-19 o se nieguen a hacerlo.
Las leyes panameñas establecen que las vacunas no son de carácter obligatorio, el artículo 13 del Código Procesal Penal señala que ‘el cuerpo de las personas es inviolable y solo pueden ser examinados por mandamiento de un juez de garantías, previo cumplimiento de las formalidades legales y por motivos definidos.
En tanto, la Constitución de la República decreta en el segundo párrafo del Artículo 17, ‘los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.
‘Se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona, en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole', establece el artículo 13 del Código Procesal Penal de Panamá.
Ilegalidad
Añadido a esto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, refirió que ‘nadie puede prohibir a las personas la entrada a ciertos lugares por el solo hecho de no estar vacunadas'.
El jurista advierte que aquellas personas que lo hagan [prohibir la entrada o acceso a las personas] pueden debatirse judicialmente con el o los afectados porque dicha decisión no tiene sustento legal.
Araúz agregó que ‘debe haber una razón científica que va ligada a la capacidad hospitalaria y ahora que las restricciones absolutas van teniendo pérdidas poco a poco y en la medida que haya capacidad hospitalaria no debe existir este tipo de impedimentos'.
En este sentido, el abogado Ariel Corbetti, va más allá, y concluye que ‘la República no ha facultado a ninguna autoridad local ni a propietarios de comercios para impedir la entrada a los no vacunados.
‘Tal decisión viola derechos y garantías de las personas y, hasta que la Asamblea Nacional no promulgue una ley que lo establezca, estos no tienen esa facultad porque es abusiva e ilegal', puntualiza Corbetti.
Finalmente puntualiza que este jueves, un tribunal francés debatió sobre los mismos puntos y concluyeron en proteger los derechos de los ciudadanos; ‘no se puede permitir que en Panamá haya pequeñas repúblicas', apuntó.
Actualmente, el Ministerio de Salud (Minsa), evalúa una solicitud del gremio de dueños de restaurantes y discotecas para solo atender a las personas que estén vacunadas.
Países como Estados Unidos se mantienen abiertos y respetando los derechos de sus ciudadanos.