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Panamá
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Se argumenta que esta Ley viola los artículos 109 y 110 de la Constitución de Panamá, al no velar eficazmente por la preservación y protección de la salud
La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 315 que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina, en la República de Panamá y dicta otras disposiciones.
A través de esta acción legal, presentada por la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá (ARDTP), se solicita a la Corte Suprema que declare que la Ley 315 es inconstitucional, toda vez que la misma viola el derecho a la salud, porque los productos y dispositivos prohibidos por esta norma representan una significativa reducción del riesgo para los fumadores adultos. En otra parte, los demandantes alegan que la legislación no recibió el voto afirmativo de la cantidad de diputados que la Constitución Política de la República de Panamá requiere.
En la demanda, se sustenta que el proceso legislativo de aprobación del entonces proyecto de ley, hoy Ley 315 de 30 de junio de 2022, se incumplió disposiciones constitucionales, debido a que, la cantidad de votos favorables de los Diputados de la Asamblea Nacional en la aprobación en tercer debate del Proyecto no alcanzó la cantidad mínima establecida en la Constitución, en franca violación de lo establecido en la Constitución.
Además, se destaca que, durante el proceso legislativo, posterior a la devolución del proyecto de ley antes mencionado con el informe de objeciones presidenciales, se adicionaron disposiciones más allá de las que habían sido propuestas por el presidente Laurentino Cortizo, que tienen implicaciones materiales y cambian el sentido de lo propuesto por el jefe del Ejecutivo, facultad que sobrepasa las otorgadas a la Asamblea Nacional, y que estaría proscrita por la Constitución.
La acción legal presentada por ARDTP, se sustenta en varias violaciones a la Constitución, que se dieron durante el acto legislativo que aprobó en tercer debate la hoy Ley 315, al igual que en varios artículos de la citada norma.
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