Panamá
Rivera y Herrera advierten que pedirán que las audiencia sean públicas para que la ciudadanía tenga la Certeza de cómo se dará de ahora en adelante
Los querellantes en el caso de los llamados “pinchazos telefónicos”, aseguraron en conferencia de prensa que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado ejerce presión con otros de sus colegas para favorecer al expresidente Ricardo Martinelli.
"Queremos denunciar que Ayu Prado está moviendo los hilos para matraquear la salida de Martinelli. No estamos de acuerdo con la decisión de la Corte de pasar el caso a la justicia ordinaria pero acataremos la decisión", dijo el abogado autónomo del caso, Rosendo Rivera.
Rivera señaló que pedirá que las audiencia sean públicas para que la ciudadanía tenga la Certeza de cómo se dará de ahora en adelante.
"Tenemos suficiente pruebas de que él cometió delito. Confiamos en la justicia ordinario, en lo que no confiamos es que esos jueces que llevarán el caso respondan a los magistrados de la Corte que los nombraron. Pero estamos convencidos que con las pruebas que tenemos lo pueden condenar a más de 21 años", expresó el abogado.
Por su parte, el querellante Michelle Doens, agregó que Martinelli tiene mucho poder en la CSJ porque nombró a muchos magistrados que hoy están. "No significa que él no tenga influencia también en la ordinaria, que sean parte de este engranaje criminal de él. Personas y familiares pueden estar ligados a él.
"Vamos a aceptar la decisión pero esperamos que los magistrados que sean nombrados sean honestos porque nosotros estamos luchando contra la corrupción. Somos los que estamos enfrentando a la organización criminal que representa Martinelli. Si el exgobernante piensa que ganó no lo creo", dijo Doens, al tiempo que agregó que los abogados (de Martinelli) querían realmente que comenzara de cero toda la investigación pero no fue así, "él no se va a burlar de la ciudadanía".
Balbina Herrera, otra de las supuestas víctimas en el caso de los pinchazos telefónicos, pidió que la designación de los jueces sea público y advirtió que "no nos vamos a rendir, esto es un tema de país donde debe haber precedente para que no se use el Consejo de Seguridad para perseguir a sus abversarios políticos. No vamos a tirar la toalla".