Hay más de 300 demandas por despidos en el Estado

Dirigentes dicen que los gobiernos no despiden por incumplimiento sino porque necesitan espacios políticos

Más de 300 demandas contra el Estado panameño fueron tramitadas ante la Corte Suprema de Justicia, que abarcan las dos últimas administraciones (2014-2019 y 2019-2024). De estas, solo se ha logrado la restitución de 40 funcionarios.

Información suministrada por el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), Alejandro Haynes, revela que ‘todos los días se ejecutan despidos en diferentes instituciones del Estado panameño'.

Los despidos no han parado

Según Haynes, ‘desde el inicio del gobierno actual [2019], al día de hoy tenemos despidos diarios, esto no ha parado, tenemos un gobierno que tiene el partido más grande del país y por ende tenemos un desfile diario y permanente de trabajadores que han sido destituidos', arremetió Haynes.

Agrega que, como si esto fuera poco, hay muchos funcionarios que no los han destituido pero se les está cometiendo vejamenes en el puesto de trabajo.

‘Administrativos que llegaron con esta administración del presidente Laurentino Cortizo, que piensan que los puestos del Estado les pertenece y que el trabajador que está laborando en ese lugar tiene que aguantarse las malacrianzas, vejamenes e injusticias que cometen en estas instituciones', recalcó el dirigente.

Cifras

La Fenasep pide que los puestos en el Estado deban ser ocupados por las personas mejor calificadas e idóneas, pero esta no es la realidad actual porque la condición que necesita el gobierno de turno no es la escolaridad, preparación ni la experiencia sino si pertenece al partido o tiene influencias, señala Haynes.

‘Nos hemos encontrado con casos de trabajadores que son miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD), nombrados por los presidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos a quienes los han destituido', advirtió.

Por su parte, el asesor legal de la organización sindical del sector público, Augusto Alfredo Berrocal, detalla que solo en la presente administración [2019-2024] se han presentado unas 100 demandas por despidos injustificados, ante la Corte Suprema de Justicia.

Berrocal aclara que muchos trabajadores prefieren desistir por el elevado costo de los honorarios de las demandas ante la máxima corporación de justicia del país.

‘Nosotros hacemos labor social pero la tarifa mínima para un abogado por presentar una demanda ante la Corte es de 5 mil dólares y no todos tienen ese dinero', dijo.

Afirmó que entre los gobiernos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, la organización ha tramitado más de 300 demandas y de estas, solo a 40 trabajadores fueron restituidos porque ganaron.

Berrocal concluyó con que a los funcionarios no los despiden en base a las reglas, sino por razones políticas.