Opinión
Las cifras difirieron desde un principio, dado el interés de las fuerzas invasoras y los gobiernos de turno
Ésta ha sido una de las grandes interrogantes a dilucidar por parte de la Comisión 20 de Diciembre, creada en el 2016, la cual ha estado enfrascada en las exhumaciones de las víctimas en las fosas comunes correspondientes.
Las cifras difirieron desde un principio, dado el interés de las fuerzas invasoras y los gobiernos de turno, de ocultar el número real de fallecidos. Así, durante el año de 1990, el Comando Sur habló de 557 panameños muertos; Panorama Católico, de 655. Mientras que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, contabilizaba más de 3,000; Ramsey Clark (exprocurador de EU) indicaba más de 7,000; organismos de derechos humanos independientes calculábamos no menos de 2000.
Dados los testimonios de médicos del Hospital Santo Tomás y de Medicina Legal de la Procuraduría, de enterradores del Jardín de Paz y del Cementerio Amador, de refugiados del Chorrillo y otros, es fácil deducir que los fallecidos panameños, mayoritariamente víctimas civiles, deberían contarse por varios miles. Asimismo, su entierro en fosas comunes, ya sea en Corozal, Jardín de Paz, Amador, Monte Esperanza, Coco Solo, Pacora, Nuevo Emperador, deberían conducirnos a tal conclusión.
Sólo el enterrador del Cementerio Amador dijo haber recogido 200 cadáveres por el Cuartel Central. Señaló: “Los cuerpos estaban reventados; muchos de ellos estaban en ropa interior. Los soldados norteamericanos me pagaron seis dólares por cada cuerpo”. Un médico panameño informó que 3 furgones frigoríficos, con capacidad de 400 cadáveres cada uno, habían descargado su contenido en el Cementerio de Corozal. Mientras que en el Hospital Santo Tomás, un funcionario de la morgue indicó que había contabilizado más de 800 muertos, antes de que fueran arrancadas las páginas del registro.
A pesar de lo anterior, el Ministerio Público sólo abrió 28 expedientes de personas asesinadas y desaparecidas, ordenando su sobreseimiento, bajo el argumento de que “la guerra es eximente de responsabilidad penal”, dejando estos crímenes de lesa humanidad en la impunidad total.
Más allá de las cifras, el Centro de Estudios Estratégicos de Panamá divulgó en 1992, un listado de 317 fallecidos, con nombre y apellido, mismo sobre el cual está trabajando la Comisión 20/12.
Nuestra memoria histórica exige saber a ciencia cierta cuántos y quiénes son, dónde están, de forma tal que sus familiares puedan rendirle tributo, se haga justicia y se puedan materializar las reparaciones correspondientes.
Abogada y docente universitaria