Los rectores de los Órganos del Estado panameño, no pierden ocasión de repetirnos hasta la saciedad que: “vivimos en un Estado de Derecho”. Buscan así imponernos desde hace lustros, como verdad, la apariencia de la realidad, para que olvidemos que no tenemos un Estado de derecho. Que lo que realmente vivimos es un pseudoconstitucionalismo autoritario.
En un Estado de Derecho, todo debe de estar regulado en la Ley. Es la Ley y no el funcionario, la que determina qué Órgano o funcionario es competente y para qué, cuándo puede y cuándo debe actuar. Es la Ley y no el funcionario, la que establece el procedimiento, en qué sentido y a favor de quién. Esa no es la situación que vivimos en Panamá, porque en Panamá, dada la permanente violación del debido proceso, no hay un Estado de Derecho.
Si entendemos por Estado de Derecho, ”solo aquel en el cual efectivamente la Ley es la única medida del Derecho, y en donde no hay infracción de la Ley que no tenga sanción, pero donde la autoridad puede intervenir para corregir las injusticias sociales y promover el bien público”, no resulta díficil reafirmar que en Panamá, hoy por hoy, digan lo que digan los enseñoreados en el poder, no hay un Estado de Derecho. Y lo que es más grave: no caminamos hacia un Estado de Derecho, más bien nos alejamos, más y más.
Prueba de lo anterior : 1) la creciente concentración y personalización del poder; 2) la cada vez mayor impunidad de quienes ejercen el poder político, en una sociedad donde el poder ciudadano no contiene al poder; 3) el aumento del ejercicio irracional del poder; 4) el margen de subjetividad de las autoridades; 5) las facultades discrecionales de la policía que ponen, más y más, en vilo nuestras libertades. Sin olvidar que “allí donde hace la Ley el mismo que la debe hacer cumplir, no existe Estado de Derecho”.
Las fluctuaciones arbitrarias de la norma que se vienen practicando, acompañadas de cotidianas tensiones entre gobernantes y gobernados, conducen a que las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad, no se les permite convertirse en conducta y norma de garantía.
Vivimos una peligrosa esquizomanía gubernamental, en la que el irrespeto a la dignidad de la persona humana se ha convertido en el quehacer cotidiano de los gobernantes, tanto en lo económico, como en lo social y lo político. ¿Dónde está entonces el Estado de Derecho? Definitivamente que no está en la quiebra de la racionalidad que vivimos, producto de la ausencia de controles ciudadanos que nos permitan tener un Estado democrático de Derecho.
“Vivimos una peligrosa esquizomanía gubernamental, en la que el irrespeto a la dignidad de la persona humana se ha convertido en el quehacer cotidiano”
