Cuando se haga el inventario final de esta administración, Gobierno PRD, debemos concluir que uno de los escándalos de mayores repercusiones para son los famosos auxilios económicos otorgados por el IFARHU.
Siento que en este tema ha habido mucha hipocresía y no se quiere decir las cosas como son. La Ley 1 de 1965 establece en su artículo 2 que dicha Institución debe mantener un programada de adiestramiento de funcionarios en el país, de acuerdo a las necesidades más urgentes del desarrollo nacional y por lo tanto se establece la figura de los auxilios económicos a funcionarios, docentes, estudiantes que requieran un complemento al funcionamiento de sus estudios etc.
Está claro en la Ley que el auxilio es para que el beneficiado complemente con ese apoyo la beca, el préstamo o los aportes personales y familiares, para que se puedan realizar los estudios y preparación Profesional.
Esto no es lo que Meneses y su equipo hicieron, al igual que las administraciones anteriores. Lo que hicieron fue asignar estos cuantiosos recursos, bajo el subterfugio legal de la Ley 1 de 1965, a diestra y siniestra, con un marcado favoritismo hacia las élites, políticas, económicas y de relaciones de negocios o personales, violando de esta forma la filosofía y la naturaleza, por la cual se instituyó esta figura.
De salida, si el auxilio tiene un carácter de complementario lo primero que se debía exigir, a toda esta cofradía de beneficiados, era que probasen la base, económica existente (beca, préstamo,) y después verificar la imposibilidad de completar la suma faltante con recursos propios o familiares, posteriormente, asignarle la parte faltante, para cubrir el monto general de los estudios. Creo, que no se necesita ir a Harvard para que esos funcionarios entendieran eso.
Solo desde esta óptica, está probado que se hizo un uso inadecuado de la entrega de estos fondos, y el funcionario emisor, es responsable de la dilapidación de estos recursos económicos, y no pudiera alegar, razones humanitarias, razones de pobreza, limitaciones económicas, ni mucho menos IGNORANCIA, dado que en la Ley 1 de 1965, está lo suficientemente claro, los requisitos y condiciones para poder otorgar esos beneficios. Por esta sencilla razón, no estoy de acuerdo, con aquellos que dicen que ya esos dineros, NO SE PUEDEN DEVOLVER, y que es plata perdida. Primero, el nuevo gobierno debe hacer una auditoría académica del rendimiento de cada uno de las sumas entregadas, tal como lo exige la Ley. Segundo, todo aquel que se benefició y no aporto la base económica, que debía ser complementada, no tenía derecho a recibirlo y si lo invirtió en su formación o lo despilfarro, entonces a devolverlo y si hay que SECUESTRARLE hasta el modo de caminar, así hay que hacerlo, por sinvergüenzas. Solo así se empezará a cambiar.
