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Exagentes de Pinochet encarcelados cobran pensiones de hasta 4.800 dólares

Exagentes de Pinochet encarcelados cobran pensiones de hasta 4.800 dólares
EFE

Augusto Pinochet.

jueves 18 de mayo de 2017 - 11:29 a.m.

Quien lidera la nómina es el exfiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación unos 4.800 dólares mensuales.

Un total de 95 generales retirados y exoficiales condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile reciben mensualmente pensiones que pueden llegar a los 4.700 dólares.

A través de un requerimiento presentado por el periódico La Tercera, mediante la Ley de Transparencia, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional informó que los militares condenados que actualmente tienen pensiones de parte de las Fuerzas Armadas de Chile reciben, en promedio, una pensión de 1,6 millones de pesos (unos 2.364 dólares).

Quien lidera la nómina es el exfiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de 3,2 millones de pesos (unos 4.800 dólares) mensuales.

Torre, general del Ejército, cumple una pena de 10 años por el homicidio en 1991 de Eugenio Berríos, exquímico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) que fabricaba el gas sarín utilizado durante la dictadura por la policía secreta de Augusto Pinochet.

Torres Silva cumple condena en "Punta Peuco", una prisión especial para violadores de derechos humanos situada a 35 kilómetros al norte de Santiago.

Otros de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine), quien recibe 2,9 millones de pesos (unos 4.284 dólares).

Covarrubias también fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día como autor de secuestro del químico, y cinco años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff, brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) recibe 2,4 millones de pesos (unos 3.500 dólares).

Krassnoff se encuentra también en Punta Peuco cumpliendo penas por diversos casos de violaciones a los derechos humanos que suman más de 400 años de presidio.

Asimismo, el geberal y exsubdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes 2,1 millones de pesos (unos 3.100 dólares) desde 1991 y el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla cuenta con una pensión de 716.442 pesos (unos 1.100 dólares).

Otro de los pensionados es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato del líder sindical chileno Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de Capredena de 1 millón de pesos (1.470 dólares).

"El hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben", dijo hoy el abogado de casos de lesa humanidad, Nelson Caucoto.

Retirar estas pensiones significaría "castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos", añadió.

En tanto, el abogado que representa prisioneros en Punta Peuco, Raúl Meza, aseguró que dichas pensiones son "un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley".

"Como cualquier ciudadano tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas y especialmente las de sus familiares frente a la incapacidad de generar ingresos", concluyó.


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